sábado, 7 de abril de 2012

La tijera del Gobierno se ensaña con la memoria histórica

En concreto, dentro del Ministerio de la Presidencia que dirige Soraya Sáenz de Santamaría se establece la cantidad de 2,5 millones de euros "para toda clase de gastos derivados de las propuestas de la Comisión Interministerial creada por el Real Decreto 1891/2004 de 10 de septiembre", frente a los 6,2 millones destinado en los anteriores Presupuestos.

El recorte no ha pillado por sopresa a las víctimas del franquismo y sus familiares, aunque temen que este tijeretazo del 60% se cebe especialmente con las actividades encaminadas a la reparación de las víctimas y que la Ley de Memoria Histórica quede relegada a una suerte de "acuerdo humanitario".
Así, lamentan que el Gobierno "no tenga en cuenta" la investigación histórica y los homenajes y reconocimientos para los represaliados por el franquismo y se limite a subvencionar la exhumación de algunas fosas, una sospecha que no parece diverger muchos de los planes del Ejecutivo. Fuentes gubernamentales explicaron a Europa Press que este dinero se dedicará exclusivamente a las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y no a otro tipo de proyectos relacionados con la Ley de Memoria Histórica.

Asimismo, a principios de marzo, el Consejo de Ministros ya aprobó la supresión de la oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, un organismo creado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para coordinar la exhumación de desaparecidos. Ahora se integra en un departamento más genérico de Justicia, la División de Derechos de Gracia y otros Derechos.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), cree que lo que realmente debería hacer el Gobierno es "responsabilizarse" de lo que ocurrió durante el franquismo y la posterior dictadura y no "limitarse" a dar subvenciones. En este sentido, advierte que los colectivos de memoria seguirán "buscándose la vida como lo han hecho siempre" y recuerda que comenzaron a trabajar en 2000, siete años antes de que se pusiera en marcha la ley. "Nunca hemos dependido de los tiempos del Estado, la ley de memoria no ha solucionado ninguno de los problemas que afronta. De hecho, sigue habiendo miles de desaparecidos. Este recorte es continuista con lo que existía antes", denuncia. Lo cierto es que, primero sin dinero público y luego con él, en los últimos 12 años se han exhumando alrededor de 300 fosas y se han recuperado los restos de casi 6.000 represaliados por Franco. 

Desde la Federación Foros por la Memoria, su presidente, José María Pedreño, también lamenta que este tijeretazo pueda dar carpetazo a la búsqueda de la "verdad histórica" en contraposición al "revisionismo" que, a su juicio, quiere imponer la derecha. "Quieren impedir que se difunda la verdad de lo que ocurrió, que no se hable de impunidad ni de derechos humanos", censura. Pedreño asegura que las víctimas seguirán "dando la batalla" de la verdad, la justicia y la reparación para los represaliados por Franco, tengan o no subvenciones. "Cuando nació Foros gobernaba el PP. Entonces pagamos muchas cosas de nuestro bolsillo y lo hemos seguido haciendo. No nos importa continuar", señala.

Al médico forense Paco Etxebarria, profesor de la Universidad del País Vasco y experto en exhumaciones, le preocupa que pueda instalarse en la sociedad la creencia de que no es importante investigar lo que ocurrió durante el franquismo ni reparar a los represaliados. Junto al equipo científico Aranzadi ha exhumado decenas de fosas desde el año 2000 y considera que el "derecho a la verdad" y al "reconocimiento" de las víctimas es algo que no se puede obviar y que va más allá de subvenciones. "A veces es más importante un gesto de apoyo, que los responsables políticos se acerquen a las fosas y expresen su comprensión", señala. En este sentido, asegura que las labores de exhumación se han hecho "con o sin apoyo institucional" y, por lo tanto, se seguirán haciendo. Hay partes del proceso que necesitan más inversión, como los gastos de laboratorio o la extracción del ADN para identificar a las víctimas. En cualquier caso, señala Etxebarria, los más costoso es el trabajo de campo. "Y eso siempre habrá gente con conciencia que quiera hacerlo", sentencia.

Público.es

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